Con una resolución estableció que se aboquen a tareas de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal. El tema fue abordado en el Honorable Concejo Deliberante de Colón, meses atrás.
Según consigna El Destape.com, el Gobierno publicó una resolución que limita la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "al mínimo de los casos posibles" para que se aboque "al estricto cumplimiento de sus funciones primordiales" en lo que hace a delitos complejos. Se había adelantado oportunamente la intención del Gobierno de evitar que los agentes de la AFI se involucren en causas judiciales.
Ya está publicada la edición del 15/01/2020 del Boletín Oficial de la República Argentina.
— Boletín Oficial R.A. (@boletin_oficial) January 15, 2020
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La decisión se produce en el marco de la intervención del organismo espía que determinó el presidente Alberto Fernández al iniciar su gestión y que lleva adelante Cristina Caamaño desde el pasado 21 de diciembre.
A través de la Resolución 17/2020, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la funcionaria nacional estableció que "los medios técnicos y humanos de la AFI se aboquen al estricto cumplimiento de las funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referida a los delitos de terrorismo, federales complejos y contra los poderes públicos y el orden constitucional".
A la vez, dispuso "la reducción al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal" del organismo espía. La medida fue comunicada a los jueces y fiscales con competencia penal de todas las jurisdicciones, así como a la Corte Suprema y a la Procuración Genera, para que "apliquen de forma restrictiva la facultad de requerir la intervención de la AFI".
De esta manera, Caamaño pretende que el organismo espía se dedique a intervenir, cuando la Justicia lo requiera, en causas por terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos y atentatorios contra el orden económico y financiero así como los delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional.